Carta abierta de Marina Stavenhagen, ex directora del Imcine, sobre su exoneración

Marina Stavenhagen (al centro), junto a Guadalupe Ferrer, ex directora de la Filmoteca de la 
UNAM (a la izquierda) y de la productora Mónica Lozano (a la derecha), en la mesa de 
conclusiones del foro "El desafío del cine mexicano", realizado por la Academia Mexicana 
de Cine, en la Cineteca Nacional, el pasado 8 de junio. Foto: Sergio Raúl López.

El 10 de octubre de 2014 se publicó en el periódico Reforma la noticia de que la Secretaría de la Función Pública (SFP), había inhabilitado durante una década para ocupar cargos públicos además de una sanción de 14 millones 754 mil 975 peso por “negligencia administrativa” a la ex directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Marina Stavenhagen. Ahora, cuatro años más tarde, es la ex funcionaria y productora cinematográfica la que notifica, mediante una carta pública, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa finalmente emitió una sentencia definitiva en que no sólo la exhonera sino que además declara ilegales las sanciones en su contra emitidas por el Organo Interno de Control (OIC), del Imcine. Ante lo ocurrido no sólo a ella sino a otros funcionarios cinematográficos cabe la pena preguntarse si la Secretaría de la Función Pública no debería indagar primero sus sanciones antes perder juicios que declaren ilegales las sanciones.

Les reproducimos la carta abierta que Marina Stavenhagen ha dado a conocer este 26 de julio.

 

Carta Pública

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió Sentencia Definitiva exonerando a Marina Stavenhagen, ex Directora General del IMICNE; y declara ilegales la sanciones en su contra emitidas por el Organo Interno de Control de la institución.

En noviembre de 2012, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), inició un Procedimiento de Responsabilidades en mi contra, siendo yo Directora General de dicha institución.
El procedimiento se refería a presuntas irregularidades en mi gestión que habrían tenido lugar en abril de 2007 (a escasos 2 meses de haber asumido el cargo) y el OIC me lo notificó el día 27 de noviembre de 2012, 4 días antes del relevo presidencial sexenal y el consecuente cambio previsto en la administración. Es decir, el órgano interno de vigilancia de la institución, esperó inexplicablemente casi 6 años para darme a conocer ese señalamiento, impidiendo así que pudiera ser debidamente atendido o solventado en el curso de la administración a mi cargo. Si hubiera habido un error ¿por qué esperar tanto tiempo para observarlo, evitando su atención oportuna?
Casi 2 años después (sin que existiera justificación para la demora) y luego de una presunta investigación azuzada básicamente por denuncias anónimas en mi contra, el OIC del IMCINE resolvió imponerme ilegalmente una sanción económica y administrativa el día 3 de octubre de 2014, misma que fue inmediatamente anunciada en el portal electrónico de la Secretaría de la Función Pública, y rápida, dolosa y ampliamente publicitada en varios medios de comunicación nacional, que se erigieron en cómplices de la parte acusadora, omitiendo el hecho de que como ciudadana sancionada de manera unilateral, faltaba transitar el largo camino de mi legítima defensa en los tribunales correspondientes y, por tanto, se trataba de un procedimiento no concluido.
Siguió una intensa campaña de difamación y denostación contra mi persona en redes sociales y otros medios, atentando contra mi prestigio personal y profesional, después de muchos años dedicados al cine, y de un paso siempre honesto y comprometido por el servicio público.
Ante la arbitrariedad de la sanción y la difamación subsecuente, debo reconocer y agradecer inmensamente el apoyo solidario e inmediato de muchísimos amigos, colegas e incluso de mucha gente que no conozco personalmente pero que se indignaron y protestaron públicamente por el atropello a mi persona, por la injusticia de una sanción ridícula e ilegal. Circularon cartas en las redes, me llegaron cientos de mensajes solidarios.
Hoy quiero hacer pública mi gratitud a todos y cada uno de ellos.
Luego de más de 5 años de iniciado el procedimiento del OIC en mi contra, el 6 de febrero de 2018 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió finalmente una Sentencia Definitiva que explícitamente me exonera de cualquier acusación, ya que no existe falta alguna, daño patrimonial, o conflicto de intereses que perseguir en mi actuación al frente del IMCINE.
La resolución tomó tanto tiempo porque luego de 2 sentencias favorables por parte de sucesivos Tribunales, la autoridad fiscalizadora insistió dolosamente en recurrir la decisión de los mismos, y reiterar ilegal y excesivamente en su sanción, llegando incluso a aplicar una segunda, aún más absurda que la primera. ¿A quién y para qué le interesó hostigarme con tanto ahínco? ¿Qué confianza podemos tener los ciudadanos cuando muchos de los órganos de supervisión dentro de las instituciones se manejan sirviendo a intereses ocultos, y son ya sea convenientemente omisos, o arbitrarios y feroces según convenga?

Nuevamente gracias a todos los que en su momento me manifestaron pública y desinteresadamente su apoyo. Muchas gracias también a quienes en estos años han seguido mi caso y han estado pendientes de sus avances. A todos ellos debo esta explicación y para ellos es esta noticia.

Marina Stavenhagen
Ciudad de México, 26 de junio de 2018.

Marina Stavenhagen (al centro),en la mesa de  conclusiones del foro "El desafío del cine 
mexicano", realizado por la Academia Mexicana de Cine, durante la tercera edición del Mercado, 
Cine y Audiovisual, también aparecen Guadalupe Ferrer, ex directora de la Filmoteca de la UNAM 
(a la izquierda), la productora Mónica Lozano (a su derecha) y del director de TV UNAM, Armando 
Casas (a la extrema derecha), el viernes 8 de junio. Foto: Sergio Raúl López.

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