Una orden judicial podría sacar “Presunto culpable” de las salas

Hace unas horas, hoy martes 8 de marzo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México mediante los magistrados Clementina Flores Suárez, Ema Guerrero Osio y Rubén Pedrero Rodríguez, revocó la suspensión provisional que otorgó la semana pasada la juez Blanca Lobo  por considerar que causaba “perjuicio al interés social” y contravenía el derecho a la información establecido en el artículo Sexto de la Constitución.

“Ese derecho es una pieza básica para el adecuado funcionamiento de la sociedad democrática, no sólo para que los individuos se manifiesten libremente, sino para que se respeto su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

Con su decisión también salen en defensa de la actividad cinematográfica nacional, por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa y es una actividad cultural primordial.

 

La noticia comenzó a circular, ancoche, miércoles 2 de marzo, poco antes de las 21:00 horas. A través de su cuenta en Twitter, el conductor de El Noticiero, Joaquín López Dóriga escribió: “Un juez está por cancelar la exhibición en cine de#PresuntoCulpables. Unos se protegen a otros. ¡No lo permitamos!”.

A partir de ahí, la cascada mediática ha sido imparable, no hay periódico ni noticiero televisivo o radiofónico donde no se comente el caso. Y el tema se convirtió en uno de los diez más difundidos y buscados tanto en los motores de búsqueda de Internet y en redes sociales como Facebook y twitter.

Horas antes,  la Juez Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, licenciada Blanca Lobo Domínguez, notificó a la Secretaría de Gobernación haber concedido la suspensión provisional de la autorización de exhibición comercial del documental “Presunto Culpable”, con motivo de una demanda de amparo interpuesta en contra de actos de autoridad emitidos por la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía, entre otras instancias, a  consecuencia de un juicio de amparo de foja  171/2011 y promovido por Víctor Manuel Reyes Bravo, primo de la víctima de homicidio y único testigo de la comisión del delito, en contra de la autorización emitida por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía para su exhibición, pues no autorizó el uso de su imagen en el filme y aparece en los juzgados sin su consentimiento expreso.

La juez federal Blanca Lobo Domínguez rechazó haber censurado la película  ya que suspendió su exhibición porque perpetuaba el daño al derecho a la privacidad de Víctor Manuel Reyes, quien alega ser objeto de desprestigio, vejaciones, humillaciones, burlas y amenazas desde que el documental fue estrenado, en aplicación estricta de las normas establecidas en la Ley de Amparo.

“La suspensión provisional no termina el asunto. La película no ha sido censurada. La decisión judicial está encaminada a proteger los derechos fundamentales del quejoso en lo que se decide, en el marco de las disposiciones que existen para defender los derechos de todos, cual de los derechos enfrentados debe prevalecer”, dijo.

Acto seguido, mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación, informó que a través de la Dirección General de RTC cumplimentaría en tiempo y forma dicha resolución judicial en el ámbito de sus atribuciones y atendería el procedimiento judicial correspondiente para acreditar la legalidad de sus actuaciones. También señalaba que el pasado 1 de febrero, la Dirección General de RTC autorizó y emitió la clasificación “B” (recomendada para adolescentes mayores de 12 años) a la película, cuyo estreno comercial se llevó a cabo el 18 de febrero.

Una andanada de comentarios en twitter de diversos políticos y figuras públicas comenzaron a ejercer presión pública en torno a esta decisión, pues la consideran una censura directa en contra de un documental que exhibe, precisamente, los vicios y fallas del sistema de justicia mexicano. Esa noche, en cadena nacional, a través de El noticiero, Joaquín López Dóriga, Roberto Hernández, codirector de la misma declaró: “La decisión la entendemos como un recurso para censurar y limitar la exhibición de la película y creemos que la ley nos asiste, aunque consideramos que no es necesario la autorización de los que acuden a declarar a un juicio para recabar su imagen”, pues siendo abogado –junto con la coproductora de la misma, Layda Negrete–, no consideraron necesario su aval, ni tampoco el  de los policías judiciales para que se filmara la audiencia pública ni los careos, pues se trata de una audiencia pública y la acción se encuentra amparada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto provocó que Gobernación emitiera un segundo comunicado público que explicaba que “a pesar de que no se comparte el criterio de la Juez que concedió al quejoso la suspensión”, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía carece de atribuciones para llevar a cabo la prohibición que le requiere y que, en estricto cumplimiento a dicha resolución, “la Secretaría de Gobernación la acatará en el momento procesal oportuno y ejercerá su derecho a acudir a las vías de impugnación que prevé la Ley de Amparo”, además de que reiteraba su respeto al “ejercicio del derecho de acceso a la información y de libertad de expresión de las personas, así como su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales”.

Poco después de las tres de la tarde, en una conferencia de prensa en el hotel Camino Real, Alejandro Ramírez, presidente de la cadena Cinépolis –consorcio que por cierto distribuye la cinta con 200 copias–, advirtió que su empresa seguirá exhibiendo la cinta pues no ha recibido . Y en la cuenta de twitter de Cinépolis puede leerse: “Presunto Culpable se mantendrá en exhibición hasta en tanto recibamos una orden judicial o administrativa que requiera suspender su exhibición. En su caso, dicha orden será analizada y consideraremos las alternativas disponibles”.

El proceso se resolverá en una audiencia el próximo 11 de marzo, en la que la misma juez que dictó la suspensión decidirá si el amparo del afectado continúa o se suspende.

Alejandro Ramírez informó que hasta el miércoles 3 de marzo, la cinta ha sido vista por de 483 mil espectadores y espera que hoy rebasen el medio millón.

El viernes 5 de marzo, la empresa Cinépolis, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la abogada Layda Negrete, productora de la cinta, presentaron por separado un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado de la ciudad de México, con el fin de impugnar la suspensión provisional del filme que ordenó una juez federal el pasado miércoles. La queja será radicada en alguno de los 18 tribunales colegiados del Distrito Federal, para que en un plazo no mayor de 48 horas hábiles resuelva si se ratifica o se revoca la suspensión de proyectar el documental en las salas de cine de todo el país.

Los abogados de Víctor Daniel Reyes, quien interpuso el amparo para que el documental ‘Presunto Culpable’ saliera de cartelera, este domingo demandaron desacato por parte de las autoridades, ya que el filme aún permanece en cartelera, a pesar de que desde el miércoles la juez XII Blanca Lobo ordenara la suspensión provisional del documental.

La sinopsis de Presunto culpable (México, 2009), dirigido por Roberto Hernández y Geoffrey Smith, dice lo siguiente: “La vida de Toño Zúñiga, un joven tianguista de Iztapalapa de 26 años, cambió para siempre cuando el lunes 12 de diciembre del 2005, una patrulla lo levanta abruptamente en Iztapalapa acusándolo de homicidio. Preso en la cárcel por un crimen que no cometió, Toño logra contactar a dos jóvenes abogados, Layda y Roberto, quienes  toman el caso con la esperanza de poderle regresar la libertad. Ahora, deben encontrar alguna manera de reabrir el caso y probar la inocencia de Toño. Tras noches de desvelo y una investigación exhaustiva, descubren que el abogado defensor en el juicio condenatorio había litigado con una cédula profesional falsa. Este descubrimiento permite reabrir el caso y anular la sentencia pasada para comenzar un nuevo juicio y emprender la lucha por la libertad de Toño.

“Con un testigo acusador, un juez que ya había dictado sentencia de culpable y un sistema judicial fallido, la libertad de Toño parece casi imposible, pero Layda y Roberto no desisten. Suman a Rafael Heredia, audaz y determinado abogado, para completar el equipo de defensa. Ahora, este equipo, armado de  una cámara que los acompañará durante todo el juicio, enfrenta las pruebas falsas y sistema fallido que llevaron a un inocente a la cárcel. Dos años de lucha incansable contra la injusticia, con poco más que una cámara filmando la realidad que pudiera ser de cualquier mexicano, Layda, Roberto, Rafael y Toño demuestran que la esperanza nunca se debe perder y que las historias heroicas las podemos encontrar donde menos las esperamos”.

1 Comment

  1. Sin duda es un acto que reprime la libertad de expresión; quizá intentaban evitar la difusión de lo que el documental expone, basado en un hecho real. Evitar resaltar las inconsistencias que existen en el sistema de justicia.
    Con todo este alboroto el documental no necesita ya de publicidad…

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